Nuestro compañero Alejandro Fernández analiza la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no garantizar la correcta aplicación de la Directiva sobre fusiones, cuyo propósito es eliminar los obstáculos fiscales a las reorganizaciones transfronterizas en las que participen empresas situadas en dos o más Estados miembros.
«Según la Comisión Europea, el establecimiento de condiciones restrictivas para acceder al régimen fiscal de diferimiento, como el previsto en nuestra normativa interna para las escisiones totales subjetivas, podría no resultar conforme con la Directiva europea».