El Tribunal Constitucional avala el sistema de pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades, confirmando que Hacienda puede exigir adelantos del impuesto a empresas con facturación superior a 10 millones de euros.
Nuestro socio Nazario Mendoza Garcés analiza en Cinco Días el impacto de esta resolución para las empresas y sus implicaciones prácticas:
Exigir estos anticipos tensiona el principio de capacidad económica, “aunque sea como mera obligación provisional y autónoma en relación con la obligación tributaria principal”. En palabras de Mendoza, puede que no sea una vulneración clara, “pero sí una flexibilización del principio de capacidad económica, que entendemos se asume únicamente por razones de estabilidad recaudatoria”.
Además, advierte: “Si el legislador fija anticipos que sistemáticamente superan la cuota definitiva, como en la práctica viene ocurriendo, existe un riesgo real de que la obligación se convierta en una carga financiera adicional”.
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